Una obligación europea, sistemas nacionales
Los certificados de ahorro de energía franceses (CEE) no son una excepción nacional. Son la respuesta de Francia a una obligación fijada por el Derecho de la Unión Europea. Cada Estado miembro debe demostrar, año tras año, que genera nuevos ahorros de energía en los consumidores finales.
Esta obligación figura hoy en la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética. Este texto es una refundición: retoma y refuerza las normas de la directiva de 2012, que había introducido la obligación de ahorro de energía en el uso final.
Para un industrial, un propietario de viviendas sociales o una empresa de servicios energéticos, comprender este marco común cambia la lectura de los mercados extranjeros. Los sistemas nacionales difieren por su nombre, su unidad de cuenta y sus actores. Sin embargo, obedecen a la misma lógica, fijada por los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva.
Qué impone el artículo 8 de la Directiva
El artículo 8 fija un volumen mínimo de ahorro acumulado de energía en el uso final. La energía final es la energía entregada al consumidor: la electricidad en el contador, el gas en la caldera, el carburante en el surtidor. El volumen se calcula como porcentaje del consumo anual de energía final, sobre la base de la media de los tres años anteriores al 1 de enero de 2019.
El ritmo se acelera por etapas hasta 2030:
| Periodo | Nuevos ahorros anuales exigidos |
|---|---|
| 2021 a 2023 | 0,8 % del consumo de energía final |
| 2024 y 2025 | 1,3 % del consumo de energía final |
| 2026 y 2027 | 1,5 % del consumo de energía final |
| 2028 a 2030 | 1,9 % del consumo de energía final |
Chipre y Malta disfrutan de un régimen excepcional del 0,45 % anual entre 2024 y 2030. Después de 2030, la Directiva prevé que los Estados continúen al ritmo del 1,9 % por periodos de diez años.
Según la Comisión Europea, la Directiva revisada duplica con creces la obligación anual de ahorro energético de aquí a 2028. Esta obligación es uno de los principales instrumentos al servicio del objetivo europeo de reducir el consumo de energía final en al menos un 11,7 % en 2030, respecto a las proyecciones realizadas en 2020.
Los artículos 5 a 11 de la Directiva, que recogen estas obligaciones, debían transponerse al Derecho nacional a más tardar el 11 de octubre de 2025.
Dos vías para alcanzar el volumen exigido
La Directiva no impone la herramienta. El artículo 8, apartado 2, deja que cada Estado elija entre dos vías, o las combine.
El sistema de obligaciones de eficiencia energética
Un sistema de obligaciones es un mecanismo en el que el Estado exige a actores del sector energético financiar o realizar un volumen de ahorro en los consumidores. Según el artículo 9, las partes obligadas se eligen entre los gestores de redes de transporte y de distribución, los distribuidores de energía, las empresas minoristas de venta de energía y los distribuidores o minoristas de combustibles.
El artículo 9 regula también el funcionamiento de estos sistemas:
- las partes obligadas pueden, si el Estado lo autoriza, contabilizar ahorros certificados obtenidos por proveedores de servicios energéticos o por terceros;
- la certificación debe seguir un procedimiento de acreditación claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado;
- un ahorro obtenido en un año determinado puede computarse en cualquiera de los cuatro años anteriores o de los tres siguientes, sin superar el final del periodo de obligación;
- los Estados publican cada año el ahorro logrado por cada parte obligada y el total del sistema.
Por último, el texto impone un control independiente. La medición, el control y la verificación del ahorro se realizan de forma independiente de las partes obligadas, sobre una proporción estadísticamente representativa de las actuaciones.
Las medidas alternativas de actuación
La segunda vía, prevista en el artículo 10, se apoya en herramientas públicas: programas de subvenciones, medidas fiscales, acuerdos voluntarios, regulación. Para toda medida distinta de una fiscal, el Estado establece un sistema de medición, control y verificación independiente de las partes participantes o encargadas. Para una medida fiscal, debe demostrar la eficacia de la señal de precio.
La pobreza energética en el centro del sistema
La refundición de 2023 refuerza la prioridad dada a los hogares con menos recursos. El artículo 8, apartado 3, obliga a los Estados a lograr una parte del volumen de ahorro entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables y los hogares de renta baja.
Esta parte es al menos igual a la proporción de hogares en situación de pobreza energética evaluada en el plan nacional integrado de energía y clima. En un sistema de obligaciones, el artículo 9 permite a los Estados imponer esta parte directamente a las partes obligadas.
El artículo 9 prevé también que los Estados velen por la admisibilidad de las medidas para cada vivienda situada en un edificio plurifamiliar. Por último, el texto abre la posibilidad de apoyar financieramente a las pymes y microempresas frente a los efectos del precio del carbono.
Francia e Italia: dos sistemas de obligaciones a examen
Francia e Italia ilustran bien la primera vía. Ambos países han construido un mercado de certificados negociables, con diferencias de diseño que importan a un promotor de proyectos.
| Criterio | Francia — CEE | Italia — Certificati Bianchi |
|---|---|---|
| Unidad de cuenta | 1 CEE = 1 kWh cumac de energía final | 1 certificado = 1 tonelada equivalente de petróleo ahorrada |
| Partes obligadas | Suministradores de energía, llamados obligados | Distribuidores de electricidad y de gas natural con más de 50 000 clientes finales |
| Actores no obligados | Elegibles no obligados, que pueden ceder sus certificados a los obligados | «Soggetti volontari»: empresas de servicios energéticos, empresas con un experto o un sistema de gestión de la energía certificado |
| Gestor | Servicios del ministerio competente en energía | GSE para el reconocimiento, GME para la emisión y el mercado |
| Horizonte | Sexto periodo, de 2026 a 2030 | Objetivos anuales fijados de 2025 a 2030 |
En Francia, el sistema de certificados de ahorro de energía se creó mediante la ley POPE de 13 de julio de 2005. Se basa en una obligación impuesta a los suministradores de energía. Estos realizan actuaciones, las financian en terceros o compran certificados a otros actores. El término «cumac» designa ahorros acumulados durante la vida útil del equipo y actualizados.
En Italia, los Certificati Bianchi, también llamados títulos de eficiencia energética (TEE), son el principal mecanismo de incentivo a la eficiencia energética en la industria, las redes, los servicios y el transporte. Para 2026, el objetivo fijado a los distribuidores alcanza 1,0416 millones de TEE en los usos finales de electricidad y 0,6384 millones en los de gas natural. Los certificados se negocian en la plataforma del GME o mediante contratos bilaterales.
Otros Estados han tomado otras decisiones. Hemos analizado, por ejemplo, la reforma del sistema español de certificados.
Qué cambia para usted
Para un industrial o un promotor implantado en varios países
Un mismo proyecto de recuperación de calor o de bomba de calor no se valorizará igual en Lyon, en Milán o en Madrid. La unidad de cuenta, el actor que compra el ahorro y el documento exigido antes de las obras cambian de un país a otro. Razonar país por país, desde la fase de estudio, evita perder una valorización por un documento no presentado a tiempo.
Para un instalador o una empresa de servicios energéticos
La Directiva abre la puerta a los ahorros certificados por terceros, pero cada Estado decide si lo autoriza y con qué procedimiento de acreditación. Su derecho de acceso al mercado depende, por tanto, del texto nacional, no solo de la Directiva.
Para un sujeto obligado o un delegatario
La subida de la tasa anual al 1,9 % a partir de 2028 pesa sobre los volúmenes que hay que cubrir. La parte reservada a la pobreza energética y la exigencia de un control independiente refuerzan el valor de los expedientes sólidos y verificables.
Qué recomendamos
IHD sigue estos sistemas país por país, a partir de los textos oficiales. Nuestro papel como oficina técnica independiente es identificar, para cada proyecto, el sistema aplicable, el actor que valorizará el ahorro y los documentos que asegurarán el expediente hasta su valorización.
Antes de comprometer obras fuera de Francia, aconsejamos comprobar tres puntos: el sistema nacional elegido por el Estado, las condiciones de acceso de los actores no obligados y el calendario de presentación exigido. Nuestra página de mercados internacionales presenta nuestro enfoque, y nuestra auditoría energética sirve de base para la valorización. Para Francia, nuestro análisis del proyecto de supresión de fichas CEE muestra que el catálogo evoluciona deprisa. Para un proyecto concreto, contáctenos.
